El fiscal José Luis Ríos, de la provincia Cornelio Saavedra de Potosí, acaba de recomendar a todos los ciudadanos que viven a orillas del río Pilcomayo que no consuman sus aguas porque están envenenadas con desechos mineros. Cooperativas mineras recién creadas invaden tierras cruceñas con la intención de comenzar la explotación de oro, para lo que tienen la costumbre de usar mercurio, con lo que también envenenan las aguas y dejan las tierras convertidas en páramos. Agricultores del sur de Tupiza decidieron bloquear la carretera de la zona porque no pueden seguir con sus actividades debido al desastre ambiental que causan las cooperativas mineras.
Y, para completar el panorama, el viceministro de Política Minera, Eugenio Mendoza, declaró que el Estado boliviano no puede hacer nada para frenar la toma de minas privadas por parte de cooperativas y ayllus. Todo esto había sido advertido por el senador masista -ahora marginado de ese partido- Eduardo Maldonado, que dijo que la Ley Minera aprobada recientemente es una bomba de tiempo, es antinacional y que ahuyentará las inversiones.
Expertos del sector minero dicen que la mencionada ley fue hecha a medida de las exigencias de las cooperativas mineras, de tal modo que los dirigentes nacionales de ese sector queden contentos, apoyen al Gobierno e incluso acepten que sus nombres sean incluidos en las listas de candidatos al Parlamento.
Habría que recomendar a las autoridades, y en este caso a los parlamentarios, que cuando están elaborando leyes tomen en cuenta el interés nacional por sobre todas las cosas.
Beneficiar a un sector económico en perjuicio de otros es un error que se agrava si las operaciones del sector favorecido son perjudiciales incluso para actividades diferentes, como es el caso de la agricultura o la ganadería. Cuando se está viviendo el drama del Cerro Rico de Potosí, que se derrumba de manera inexorable, como resultado de una práctica extractivista de siglos, no parece atinado que los gobernantes sigan demostrando tanto desprecio por actividades dirigidas a recursos económicos renovables.
El abuso de las cooperativas mineras debería ser frenado por las autoridades si desean evitar que los perjuicios sean irreparables para miles de ciudadanos que padecen las consecuencias de una actividad económica depredadora. Ni siquiera pagando impuestos como corresponde, lo que no ocurre ahora, las cooperativas mineras podrían reparar los males que están causando al país.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
