Un amplio informe publicado por EL DEBER mostró que el parque Amboró ha sido invadido por los cultivos ilegales de coca, igual que la reserva de Choré y el Tipnis, mientras se denuncia la presencia de cocaleros también en Isoso. Por lo tanto, parece oportuno que las autoridades nacionales se preocupen de frenar el avance de los cocales en el país pensando en que al hacerlo están deteniendo un cáncer que amenaza a todo el cuerpo de la nación.
Hubiera sido muy bueno que el satélite artificial Túpac Katari sirviera para llevar un control preciso de los cultivos de coca, como ocurrirá con el satélite que Perú ha comprado, pero en el caso de Bolivia su uso será diferente, limitado a las telecomunicaciones. Habrá que encarar esta batalla con mucha seriedad y sin pretextos, pensando que se deben recuperar territorios que, por el momento, parecen estar bajo dominio de potencias extraterritoriales.
A mediados de año, el Gobierno se propuso instalar un cuartel de Umopar en Yapacaní, pero los lugareños armaron una acción de resistencia que terminó haciendo retroceder al Estado boliviano.
Hubo un momento en que los grupos de presión de Yapacaní llegaron a plantear al Gobierno que se instale el cuartel en el lugar con la condición de que antes se proceda a erradicar todos los cocales del Chapare.
El silencio gubernamental fue señal de que la presión de Yapacaní había ganado la partida y que el Estado boliviano no tenía jurisdicción sobre ese territorio. Algo parecido ocurrió con la intención de la Policía Aduanera de decomisar los autos ‘chutos’ de Chapare. Los habitantes de la zona dijeron que no lo permitirían. Y así, todo el plan quedó en nada. Estos incidentes no son aislados. Forman una geografía completa donde la coca y sus sectores de influencia llegan a desafiar al Estado boliviano.
Es probable que los organismos internacionales, como los observadores de la Unión Europea, no tengan los suficientes elementos de juicio para formarse una opinión sobre lo que ocurre en Bolivia. La coca está avanzando en todo el territorio, por lo menos en siete de los nueve departamentos del país. Habrá que frenarla pensando en que al hacerlo se pone alto a toda la lacra que viene después, con narcotraficantes, cárteles, violencia, secuestros e inseguridad de la ciudadanía
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