E l Tribunal Supremo Electoral (TSE) acaba de emitir una polémica resolución basada en una insólita interpretación del Código que reglamenta las elecciones y que no deja dudas de su intención de favorecer al oficialismo y al mismo tiempo ensañarse en contra de los candidatos opositores que desde ya compiten en desigualdad de condiciones.
En medio del millonario y descomunal bombardeo que ejecuta el aparato propagandístico gubernamental con anuncios a favor del candidato-presidente, el TSE ha decidido prácticamente borrar y anular las imágenes de sus contendores, a través de amenazas a los medios de comunicación que difundan anuncios que contengan ya sea la voz, la fotografía o cualquier grabación de video de los postulantes. La prohibición se extiende al uso de los símbolos patrios.
estas imágenes serían las únicas en aparecer en los medios |
Obviamente esta decisión está basada en el artículo del Código Electoral que autoriza la propaganda electoral, es decir, aquella que está dirigida a promover candidatos y exigir el voto, solo un mes antes del día de las elecciones, una figura que deja amplia libertad para que el Gobierno use y abuse de entrega de obras, inauguraciones, prolongadas transmisiones en vivo, espacios pagados y anuncios pagados por los contribuyentes y dinero del Estado para promocionar la gestión y donde la aparición del presidente y sus principales figuras que están candidateando son una constante.
El TSE ha pretendido demostrar ciertos atisbos de imparcialidad al frenar la difusión del anuncio televisivo difamatorio contra uno de los candidatos y que se difundió hasta el cansancio pese a que el afectado había presentado la denuncia respectiva.
Las acciones del TSE dejan muy poco margen de acción para la oposición y demasiado espacio al oficialismo para la transgresión y la discrecionalidad, algo que afecta de forma determinante la transparencia y juego limpio en el proceso electoral. Todos se preguntan qué va a hacer en relación al comportamiento del Gobierno, a su derroche publicitario, a la utilización de los bienes públicos, medios de transporte, recursos y órganos de difusión que son controlados por operadores oficialistas sin ningún control.
Lo peor de todo es el cuestionamiento sobre hasta dónde será capaz de llegar el TSE en este afán de favorecer al “caballo del corregidor” y no está lejos el ejemplo del proceder que utilizó esta institución durante la campaña para elegir a los magistrados del Órgano Judicial, cuando avanzó peligrosamente hacia la censura de los medios y la restricción del derecho a la información de la ciudadanía.
Estas sospechas no son producto de la susceptibilidad, pues vienen a sumarse a otras acciones negativas para un acto eleccionario que merece toda la seriedad. El TSE está llevando adelante unas elecciones a ciegas, pues se ha negado sistemáticamente a publicar el padrón electoral, un instrumento imprescindible para garantizar la limpieza y evitar el fraude en los comicios. Con esta nueva resolución lo que se busca es que la ciudadanía no tenga la opción de evaluar diferentes propuestas y se enfoque solo en el discurso hegemónico.
Las acciones del TSE dejan muy poco margen de acción para la oposición y demasiado espacio al oficialismo para la transgresión y la discrecionalidad, algo que afecta de forma determinante la transparencia y juego limpio en el proceso electoral.
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