Las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Arce Catacora, sobre la escasa inversión en el país por parte del empresariado privado nacional, han reavivado los debates sobre la seguridad jurídica y el clima de confianza para la inversión que reclaman los empresarios y que el Gobierno no termina de ofrecer. Los empresarios nacionales consideran que el ministerio del ramo no busca acercamiento, sino todo lo contrario. Por su parte el Gobierno estima que existe un clima de confianza para la inversión que la empresa privada no aprovecha. Todavía más, se ha llegado a afirmar que, incluso durante los gobiernos neoliberales con todo a su favor, tampoco invirtieron.
Lo cierto es que la reciente y reiterativa toma de empresas privadas por grupos de supuestos trabajadores o de pobladores comunitarios en su caso, y el desenlace de las mismas, ha supuesto que en la práctica está vigente una política abierta de expropiaciones de bienes privados que atentan contra las inversiones efectuadas y, por lógica, las desalientan. Ante tales evidencias, el Gobierno se ha encontrado en franca contradicción entre lo que dice y lo que hace, lo que en última instancia genera un deterioro de la confianza en la inversión y provoca un sentimiento de aguda inseguridad jurídica que repercute tanto en el empresariado nacional como también en el extranjero.
En su momento, el Gobierno ha llamado al empresariado a sumar esfuerzos para impulsar la producción nacional. En los hechos, todavía no se ha concretado una Ley de Inversiones consensuada donde el empresariado nacional y el Gobierno puedan aportar soluciones dirigidas a resguardar los intereses nacionales. Sin un marco jurídico que aliente la inversión privada y con una presión asfixiante para las empresas legalmente establecidas por parte del Servicio de Impuestos y la Aduana nacional, el margen para que exista inversión optimista y segura resulta escaso. Por el contrario, resulta chocante lo poco que se hace contra la ilegalidad e informalidad, alentando la odiosa impunidad.
En ese contexto, resulta quizás contraproducente exigir a los empresarios nacionales que inviertan en el país, todavía más si existen conflictos pendientes de solución con inversionistas extranjeros. Sin duda, todavía falta mucho para crear un ambiente de confianza y de seguridad jurídica para la inversión en el país. Por otra parte, si bien es cierto que ha mejorado la calificación de riesgo país, lo que permite captar mayores flujos de crédito internacional, como afirma el portavoz del Ministerio de Economía, no se puede pasar por alto que para concretar una mayor inversión por parte de la empresa privada nacional se hace preciso cumplir cuanto antes con los compromisos contraídos.
¿Por qué no se ha concretado aún la conformación del Consejo Económico Político y Social? Era el paso previo a la elaboración de la Ley de Inversiones consensuada. Todo parece indicar que el Gobierno evita los altos costos sociales que implican la lucha abierta contra el contrabando y la informalidad. Se alienta la actividad comercial y se desmotiva la actividad productiva. Ante la falta de reglas claras para la inversión privada, no extraña que los últimos informes económicos reflejen el estancamiento de la inversión privada, sin perspectivas de mejora inmediata. Por ello, urge dotar al país del marco jurídico que aliente la inversión y se genere, cuanto antes, un clima de confianza.
Lo cierto es que la reciente y reiterativa toma de empresas privadas por grupos de supuestos trabajadores o de pobladores comunitarios en su caso, y el desenlace de las mismas, ha supuesto que en la práctica está vigente una política abierta de expropiaciones de bienes privados que atentan contra las inversiones efectuadas y, por lógica, las desalientan. Ante tales evidencias, el Gobierno se ha encontrado en franca contradicción entre lo que dice y lo que hace, lo que en última instancia genera un deterioro de la confianza en la inversión y provoca un sentimiento de aguda inseguridad jurídica que repercute tanto en el empresariado nacional como también en el extranjero.
En su momento, el Gobierno ha llamado al empresariado a sumar esfuerzos para impulsar la producción nacional. En los hechos, todavía no se ha concretado una Ley de Inversiones consensuada donde el empresariado nacional y el Gobierno puedan aportar soluciones dirigidas a resguardar los intereses nacionales. Sin un marco jurídico que aliente la inversión privada y con una presión asfixiante para las empresas legalmente establecidas por parte del Servicio de Impuestos y la Aduana nacional, el margen para que exista inversión optimista y segura resulta escaso. Por el contrario, resulta chocante lo poco que se hace contra la ilegalidad e informalidad, alentando la odiosa impunidad.
En ese contexto, resulta quizás contraproducente exigir a los empresarios nacionales que inviertan en el país, todavía más si existen conflictos pendientes de solución con inversionistas extranjeros. Sin duda, todavía falta mucho para crear un ambiente de confianza y de seguridad jurídica para la inversión en el país. Por otra parte, si bien es cierto que ha mejorado la calificación de riesgo país, lo que permite captar mayores flujos de crédito internacional, como afirma el portavoz del Ministerio de Economía, no se puede pasar por alto que para concretar una mayor inversión por parte de la empresa privada nacional se hace preciso cumplir cuanto antes con los compromisos contraídos.
¿Por qué no se ha concretado aún la conformación del Consejo Económico Político y Social? Era el paso previo a la elaboración de la Ley de Inversiones consensuada. Todo parece indicar que el Gobierno evita los altos costos sociales que implican la lucha abierta contra el contrabando y la informalidad. Se alienta la actividad comercial y se desmotiva la actividad productiva. Ante la falta de reglas claras para la inversión privada, no extraña que los últimos informes económicos reflejen el estancamiento de la inversión privada, sin perspectivas de mejora inmediata. Por ello, urge dotar al país del marco jurídico que aliente la inversión y se genere, cuanto antes, un clima de confianza.
Todo parece indicar que el Gobierno evita los altos costos sociales que implican la lucha abierta contra el contrabando y la informalidad. Se alienta la actividad comercial y se desmotiva la actividad productiva.
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