Jóvenes y delito
Es noticia recurrente que cada vez más jóvenes se suman a organizaciones delictivas denominadas pandillas. Se trata de un fenómeno cada vez más extendido en una ciudad donde tenemos una deuda pendiente con las nuevas generaciones, especialmente en lo que tiene que ver con el déficit en la educación y la falta de oportunidades de trabajo.
Datos proporcionados por la Fundación SEPA señalan que unas 150 pandillas operan en Santa Cruz, 12 de las cuales cometen delitos recurrentes como atracos, violaciones, asaltos a mano armada y violencia callejera. Solo en 2016 se identificaron 946 delitos cometidos por pandilleros en el país, 32 de los cuales fueron asesinatos. Esto muestra la gravedad del fenómeno que hoy merece la atención de todas las instancias del Estado, desde la Policía y los organismos de lucha contra el narcotráfico, hasta centros educativos y las familias de los jóvenes que caen en el delito.
El consumo de drogas y el microtráfico de estupefacientes son, además, parte de las actividades fundamentales que explican la expansión de esta forma de vida de jóvenes marginados. Estos grupos son utilizados por organizaciones delictivas más complejas que encuentran en estos jóvenes la carne de cañón necesaria y suficiente para fortalecer el negocio ilícito de las drogas.
Como dice el activista social y Premio Patujú de Bronce de EL DEBER, Domingo Ábrego, organizaciones vinculadas al narcotráfico han diversificado su accionar a través de las redes sociales del internet y logran el reclutamiento de jóvenes desocupados.
Es allí a donde deben apuntar las acciones represivas del Estado. No pasa por criminalizar a los jóvenes, sino por desarticular las bandas de peces gordos que lucran con el narcotráfico y usan a los jóvenes marginales que encuentran en el delito un sustento económico para sus familias.
Para combatir este flagelo se requiere una acción conjunta de todas las instituciones y, en particular, de las familias, principal núcleo donde es posible frenar conductas delictivas y encaminar a los jóvenes por la senda del estudio y del trabajo.
Ojalá las autoridades nacionales, departamentales y locales puedan coordinar acciones en este sentido. El país entero reclama una respuesta para reintegrar y contener a todos los jóvenes que merecen un mejor futuro.
Datos proporcionados por la Fundación SEPA señalan que unas 150 pandillas operan en Santa Cruz, 12 de las cuales cometen delitos recurrentes como atracos, violaciones, asaltos a mano armada y violencia callejera. Solo en 2016 se identificaron 946 delitos cometidos por pandilleros en el país, 32 de los cuales fueron asesinatos. Esto muestra la gravedad del fenómeno que hoy merece la atención de todas las instancias del Estado, desde la Policía y los organismos de lucha contra el narcotráfico, hasta centros educativos y las familias de los jóvenes que caen en el delito.
El consumo de drogas y el microtráfico de estupefacientes son, además, parte de las actividades fundamentales que explican la expansión de esta forma de vida de jóvenes marginados. Estos grupos son utilizados por organizaciones delictivas más complejas que encuentran en estos jóvenes la carne de cañón necesaria y suficiente para fortalecer el negocio ilícito de las drogas.
Como dice el activista social y Premio Patujú de Bronce de EL DEBER, Domingo Ábrego, organizaciones vinculadas al narcotráfico han diversificado su accionar a través de las redes sociales del internet y logran el reclutamiento de jóvenes desocupados.
Es allí a donde deben apuntar las acciones represivas del Estado. No pasa por criminalizar a los jóvenes, sino por desarticular las bandas de peces gordos que lucran con el narcotráfico y usan a los jóvenes marginales que encuentran en el delito un sustento económico para sus familias.
Para combatir este flagelo se requiere una acción conjunta de todas las instituciones y, en particular, de las familias, principal núcleo donde es posible frenar conductas delictivas y encaminar a los jóvenes por la senda del estudio y del trabajo.
Ojalá las autoridades nacionales, departamentales y locales puedan coordinar acciones en este sentido. El país entero reclama una respuesta para reintegrar y contener a todos los jóvenes que merecen un mejor futuro.
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