El Deber refiere tema sensible en SC especialmente, el proxenetismo o el alcahuaterío que lleva a la perdición a jóvenes mujeres, presa fácil de "especialistas que las reclutan en todos los ambientes" les atraen con dinero, viajes, joyas, bienestar que pronto será un sueño. El Deber no alude a los cientos de "concursos de belleza" donde se exhibe el cuerpo como atracción comercial y prostituyente.

Niñas y adolescentes están en peligro por los proxenetas, que lucran con el comercio sexual de menores. El fenómeno está cada vez más extendido y, como bien señalan las últimas informaciones, toca incluso a sectores de alto poder económico que utilizan estos servicios ilícitos por altas sumas de dinero. Un reportaje a fondo realizado por el suplemento Séptimo Día reveló esta lacerante realidad. 

La Unidad de Víctimas Especiales recibe unas 10 denuncias de proxenetismo al mes y se calcula que más de 1.000 menores de edad trabajan en la prostitución para beneficio de organizaciones delictivas bien establecidas en lugares estratégicos de la ciudad de Santa Cruz. La misma Policía ha revelado que, en 2014, se registraron 103 delitos vinculados a la explotación sexual de menores. Este año, hasta marzo, ya hay 15 denuncias.

Lo más grave del caso es que los comerciantes de sexo trabajan a plena luz del día y con total impunidad dado que ni las autoridades policiales ni las municipales realizan suficientes esfuerzos para detener este fenómeno. La proliferación de rocolas y karaokes en diversos puntos de la ciudad como el cuarto y quinto anillo, las avenidas Cañoto, Argentina y Santos Dumont son tierra de nadie para estos comerciantes que atropellan los derechos de los menores. Estos hechos no son novedad y han sido denunciados en innumerables oportunidades por las organizaciones de vecinos que observan cómo actúan estas organizaciones mientras la Policía no hace prácticamente nada.

Los varones que utilizan esos servicios también son responsables de este fenómeno. Según el reportaje, los hombres pagan entre $us 200 y 300 por mujeres hasta los 17 años y, por lo general, la víctima recibe una parte ínfima de esa suma. Un estudio de la fundación SEPA encontró en 2012 que había 1.150 menores de edad sometidos a violencia sexual comercial en Santa Cruz; el doble que en Cochabamba, tres veces más que en La Paz y cinco veces más que en El Alto. Esto demuestra que en Bolivia funcionan redes de trata de adolescentes y que se las ingenian para trasladar a las menores de una ciudad a otra.

Este destructivo fenómeno merece la máxima atención de las autoridades nacionales, departamentales y locales a fin de romper con el negocio del sexo en cuya cadena están empresarios, dueños de licorerías y rocolas, y se asientan en redes de corrupción en organismos del Estado