Para empezar, conviene recordar que Bolivia, desde su fundación en 1825 hasta la fecha, nunca fue un país tranquilo. A los primeros gobiernos sucedió una ola de dictaduras militares, que fueron cortadas por liberales y republicanos que, de todos modos, no pudieron afirmar totalmente la democracia basada en la paz y el orden, porque seguían vigentes las causas estructurales que lo impedían.
El MNR, entre 1952 y 1964, hizo una Revolución que apuntaba a consolidar el Estado nacional, pero tampoco pudo escurrirle el bulto a las arremetidas desde diversos sectores de la sociedad boliviana, hasta que finalmente un golpe militar, en 1964, lo sacó del poder político.
En 1982 se cerró el ciclo de las nuevas dictaduras militares y la democracia imperó sin mayores contratiempos hasta principios de este siglo, en el marco de una serie de concertaciones político-partidarias para fines de gobernabilidad, frecuentemente descalificadas y etiquetadas de simples repartijas de espacios de poder.
Con el ascenso del indígena Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS), tanto en una buena parte de la población boliviana como en la de muchos países del exterior, fueron particularmente fuertes las expectativas de un futuro mejor, de un destino diferente. No hace mucho tiempo, para el vicepresidente Álvaro García Linera, Bolivia ingresaba a una “época de oro” en la cual quedarían resueltas las grandes contradicciones, tras de lo cual en el ‘Estado Plurinacional’ todo sería poco menos que un paraíso en materia social y política.
Sucedió al revés. Lo que hoy vivimos nos anticipa más bien un futuro mediato de infierno. Los conflictos estallan por todas las latitudes geográficas del territorio nacional. El más grave de todos ellos lo representa la marcha de los indígenas del Tipnis hacia La Paz, porque conlleva la posibilidad de graves enfrentamientos con comunidades que parecen ser activadas por el Gobierno para que contengan la protesta antes de su arribo a la sede del poder.
Por otra parte, Oruro y Potosí se hacen fintas por cuestiones de tipo limítrofe. Esta disputa puede extenderse a las comunidades rurales de ambos departamentos con imprevisibles resultados.
Simultáneamente, se arremolinan contra el Gobierno y a favor de los marchistas varias comunidades indígenas del oriente que bloquean carreteras. Agrega lo suyo a tan convulso ambiente nacional el auge del narcotráfico y su sangriento rastro en asesinatos que parecen ajustarse al modelo de los cárteles de la droga del norte mexicano, amén de una permanente sensación de inseguridad ciudadana que tiene a los bolivianos viviendo en ascuas.
Semejante panorama mantiene abierta desde hace tiempo una interrogante: ¿cuándo tendrá sosiego este pobre país digno de mejor suerte? (Editorial de la fecha de El Deber, SC Bolivia)
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